INFORME COMPLETO AQUÍ: https://www.observatorioculturaescrita.org/2025/index.html
El Tercer Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita, impulsado por CEDRO, revela que los ciudadanos perciben la cultura como un "bien de mérito", pero acusan a las Administraciones Públicas de fomentar malas prácticas y ceder ante las tecnológicas.
El informe, basado en una robusta metodología cualitativa y cuantitativa , concluye que, si bien la sociedad valora la cultura escrita como un pilar fundamental para el desarrollo colectivo, existe una "disonancia cognitiva" que fomenta la piratería.
El estudio revela un amplio consenso social sobre el valor de la creación. Una abrumadora mayoría del 83,7% de la población considera que respetar los derechos de propiedad intelectual de autores y editores es una "buena práctica social" que genera beneficios para todos.
Esta percepción sitúa las obras editoriales (libros, periódicos, revistas) en la categoría de "bien de mérito", un bien que el Estado debería fomentar activamente. En línea con esto, existe un fuerte rechazo social a las malas prácticas:
El 87,8% condena el plagio.
El 82,2% rechaza hacer copias sin remunerar a los titulares.
Como novedad, un 76,3% considera una mala práctica usar obras sin consentimiento para entrenar a la Inteligencia Artificial.
El informe identifica dos grandes responsables de la precarización de la cultura escrita. En primer lugar, las empresas tecnológicas (señaladas por el 80,8%) , y en segundo lugar, de forma preocupante, las Administraciones Públicas (60,3%).
El estudio profundiza en los sesgos cognitivos que justifican la piratería, como el "sesgo de normalidad" («todo el mundo lo hace»). Sin embargo, la investigación destapa que son las propias instituciones las que legitiman estos sesgos. Cuando un ciudadano percibe que su ayuntamiento, su colegio o su ministerio utiliza contenidos sin la debida licencia, se activa el "sesgo de autoridad": si la autoridad no respeta los derechos, el ciudadano se siente legitimado para hacer lo mismo.
La exigencia de ejemplaridad institucional es una de las principales conclusiones. El 96,3% de los consultados considera que las prácticas de las AAPP en esta materia no son correctas. Es más, el 95,8% considera éticamente igual o más grave que sea una Administración quien vulnere los derechos de autor que si lo hiciera una empresa tecnológica.
La percepción ciudadana es clara: una Administración que protege los derechos es vista como "seria, eficaz y transparente", mientras que una que los descuida se percibe como "irresponsable, opaca e injusta".
La irrupción de la IA generativa se presenta como el riesgo más reciente y disruptivo. Pese a la fascinación que genera, el 51,4% de la sociedad considera que la IA representa un riesgo "alto".
Su penetración es alta: el 59,3% de la población la ha usado alguna vez , y un 72,3% la utiliza específicamente sobre contenidos preexistentes, afectando directamente al ecosistema editorial.
Ante esta amenaza, la demanda de intervención pública es casi unánime: el 89,7% cree que el Estado debe regular la IA en materia cultural. Sin embargo, el escepticismo sobre la actuación del Gobierno es notable. El 72,4% opina que se legisla "sin criterio" y el 80% cree que el Estado "ha cedido ante los intereses de las grandes tecnológicas".
El "Tercer Observatorio" concluye con una hoja de ruta clara basada en las demandas ciudadanas. La sociedad reclama que la cultura escrita sea reconocida como un pilar estratégico.
Las soluciones propuestas exigen una acción urgente que combine una legislación clara , la puesta en marcha de campañas de sensibilización y formación en propiedad intelectual en todos los niveles educativos. Pero, por encima de todo, se exige transparencia institucional, comenzando por el uso de las licencias de derechos de autor por parte de la propia Administración.
